El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri y a los ministros de Transporte Guillermo Dietrich, Energía Gustavo Lopetegui, a su antecesor, Juan José Aranguren, y al canciller Jorge Faurie por negociaciones con el Gobierno británico por presunta "afectación a la soberanía nacional" en torno al vuelo a Malvinas desde Brasil.
Además solicitó que el juez evalúe suspender el primer vuelo de la empresa Latam previsto para el 20 de noviembre que parte de San Pablo a Malvinas, utilizando el espacio aéreo argentino, con escala en Córdoba.
"Entiendo que existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional", señala el fiscal en la resolución a la que accedió A24.com.
En este sentido, Di Lello agrega: "Ello al menos hasta que se establezca de modo jurídicamente razonable las facultades ejercidas mediante el decreto aludido. Por lo expuesto, entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación en los términos antes aludidos".
La denuncia fue formulada por Valeria Laura Carreras por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional en la gestión 2015-2019.
La denunciante solicitó una medida cautelar relacionada al daño inminente a los intereses de la Nación que se producirían en caso de materializarse el primer vuelo de LATAM autorizado por el decreto 602/19.
En consecuencia pidió concretamente que se suspendan los efectos del decreto 602/19 respecto a la autorización de vuelo sobre el espacio aéreo soberano argentino a la empresa LATAM, el que se prevé realizar el 20 de noviembre partiendo de Sao Pablo a Malvinas, utilizando el espacio aéreo argentino incluso efectuándose una escalara en la ciudad de Córdoba.
En el escrito, la denunciante manifiesta que existe un daño real, ya que si bien se declarara inconstitucional el decreto que otorgó esa posibilidad, la empresa LATAM podría reclamar los daños y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por via del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría el convenio bilateral.
La fiscalía pidió además que se cite a prestar declaración testimonial al diputado nacional Martén Pérez, de Tierra del Fuego, en relación al acuerdo Foradori-Duncan, y a los diputados Daniel Filmus y al mendocino Guillermo Carmona, también presidente del PJ local.
También Di Lello reclamó que se cite a las diputadas Elisa Carrió y Cornelia Schmidt Liermann, teniendo en cuenta que entre 2016 y la actualidad presidieron la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja.
Por otra parte, la Secretaría de Gobierno de Energía deberá remitir toda la documentación relacionada con la adjudicación de recursos naturales en el área del Atlántico Sur, en especial de la licitación de Costa Afuera.