Dicho dictamen, aprobado por unanimidad en 1965, declara a las Islas Malvinas como un caso particular para el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el conflicto debe resolverse a través de un diálogo pacífico entre Argentina y Reino Unido.
Filmus enfatizó que la integridad territorial de las islas se rompió cuando fuerzas británicas las invadieron en 1833, además de que desalojaron a los habitantes del lugar para que otros ocuparan dichas tierras.
"Argentina pide dar inicio a un proceso de diálogo para discutir el conflicto territorial. Creemos que el siglo XXI es un siglo que no acepta que existan colonias en el mundo y que hay que avanzar en la descolonización de las Islas Malvinas a partir de este diálogo bilateral", declaró el funcionario.
El país sudamericano está respaldado en esta disputa no sólo por la ONU, sino también por los países que son miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercosur, y condenan, de igual manera, la militarización de las islas y la explotación de sus riquezas naturales, tales como el petróleo, sin la autorización del gobierno argentino.
Datos oficiales indican que la base militar británica en las Malvinas cuenta con más de mil 500 soldados quienes, señala el secretario, realizan rutinariamente ejercicios militares que han sido condenados por países como Brasil, Uruguay, Argentina y algunas naciones de la zona de paz del Atlántico Sur.
"Argentina inició acciones penales y judiciales a las empresas que están en este momento intentando explorar y explotar petróleo en la región y estas acciones penales argentinas han sido acompañadas por la Organización Latinoamericana de Desarrollo y Energía, que considera ilegal la explotación de hidrocarburos en la zona sin el consentimiento de Argentina", comentó Filmus, quien recalcó que la extracción de petróleo trae consigo un problema grave de accidentes que pueden poner en riesgo la integridad ambiental del archipiélago.
Además de las Islas Malvinas, Argentina reclama la soberanía de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur.