Una firma del grupo japonés Nissui tenía licencia para operar en el Mar Argentino, pero se descubrió que también trabajó en la zona prohibida a través de una subsidiaria chilena. En un nuevo episodio de la pelea con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, la gobernación de Tierra del Fuego suspendió preventivamente el permiso de pesca de la empresa Pesantar, luego de haber sido notificada de una denuncia por presunta pesca ilegal en el área circundante del archipiélago en disputa.Pesantar forma parte del grupo japonés Nissui, y en el país tiene permisos y cuotas para atrapar la codiciada merluza negra. De acuerdo a la denuncia presentada por un empleado de la firma en la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, la compañía hizo maniobras prohibidas al operar en aguas nacionales, y, simultáneamente, a través de una segunda empresa del mismo grupo, la chilena Emdepes, explotar un permiso concedido por la administración británica para trabajar en las aguas que rodean a Malvinas.
La práctica está vedada por la Ley 24.922, en cuyo artículo 27 bis establece que los pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización) y eso incluye a aquellas pesqueras que operan en zona de exclusión que ilegalmente ha establecido el gobierno británico en torno a nuestras Islas Malvinas.
Tras comprobar que los barcos del consorcio japonés actuaban en simultáneo con permisos de pesca de la Argentina y de la administración británica en las islas, el empleado denunciante, Juan Benegas, informó la maniobra ante el gobierno fueguino de Fabiana Ríos y ante el secretario de Asuntos Relativos a Malvinas de la Cancillería, el ex senador Daniel Filmus.
Como prueba, Benegas presentó un mapa satelital de las aguas en torno al archipiélago en el que se ve pescando al buque Unidos del Sur, de la chilena Emdepes.
“Ninguna empresa que esté relacionada con alguien que esté pescando en el Mar Argentino sin autorización del Estado argentino podrá hacerlo. Será sancionada con el retiro inmediato del permiso de pesca correspondiente", anticipó Filmus al diario Tiempo Argentino. Hasta ahora, el Estado nacional no aplicó ningún castigo a la pesquera.