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Gobierno presentó denuncia penal contra empresas que operan ilegalmente en Malvinas
ATLÁNTICO SUR
Es contra cinco empresas a las que acusa de efectuar de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización argentina.
La Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios presentaron hoy ante la Procuración General de la Nación una denuncia penal contra cinco empresas por llevar adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía.
Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible que el 6 de marzo último inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las Islas Malvinas, durante la que prevé perforar al menos seis pozos.
La presentación de la denuncia fue efectuada por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en Juan Domingo Perón 667, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible que el 6 de marzo último inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros de las Islas Malvinas, durante la que prevé perforar al menos seis pozos.
La presentación de la denuncia fue efectuada por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en Juan Domingo Perón 667, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la gacetilla oficial de Cancillería, la denuncia penal se efectuó en aplicación de la Ley N° 26.915, que modificó la Ley N° 26.659 referida a las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, para incorporar la responsabilidad penal en que incurrirán las personas físicas y jurídicas que, sin la autorización del organismo competente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos.