No fue un acto improvisado el de Federico Pinedo cuando reveló que el Gobierno está analizando el impacto que tiene la ley que impone sanciones a quienes colaboren de manera directa con la explotación de gas y petróleo en las Islas Malvinas.
El presidente provisional del Senado está abriendo el paraguas porque el Gobierno acaba de violar esa ley en la licitación de Enarsa para el remolque de los buques gasificadores.
La situación hizo que interviniera la Oficina Anticorrupción (OA) ante un reclamo de las distintas cámaras del sector que se sienten afectadas por la decisión del Ministerio de Transporte.
Guillermo Dietrich, el ministro del área, señaló que en la licitación que implica una facturación de USD 50 millones anuales, se redujeron los costos en 36% porque en las anteriores ocasiones hubo sobreprecios injustificables.
El problema es que las empresas que ganaron la licitación son las mismas que aplicaban sobreprecios durante la gestión anterior y tienen alguna vinculación con el sindicalista Omar "Caballo" Suarez, procesado y detenido por obstruir la actividad naviera.