Diputados del Frente para la Victoria (FPV) expresaron este jueves su "categórico rechazo" a la declaración conjunta firmada entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas, y adelantaron que pedirán con "carácter de urgente" que sea convocada la Comisión de Relaciones Exteriores y sea citada la canciller Susana Malcorra para que dé explicaciones sobre las implicancias del acuerdo.
En la misma línea ex combatientes de la guerra de Malvinas afirmaron que el gobierno nacional "está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público", al "alejarse del mandato constitucional" de ratificar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, tras el acuerdo firmado con el Reino Unido anunciado ayer por las cancillerías de ambos países.
"Vamos a solicitar que se convoque con carácter de urgente a una sesión de la comisión para realizar un análisis profundo de la declaración conjunta y pediremos que se invite a la canciller Malcorra y el vicecanciller Carlos Foradori para que brinden información complementaria a la que ha sido difundida por la Cancillería", aseguró el diputado Guillermo Carmona (FPV), vicepresidente de la cámara de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside Elisa Carrió.
El miércoles pasado las cancillerías de ambos países difundieron una declaración conjunta, en la que acordaron dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección, hacia las Islas Malvinas y coincidieron en la necesidad de "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, pero dejando a un lado la cuestión de la soberanía.
"Ese comunicado merece nuestro categórico rechazo. Vemos con preocupación el retorno a la política del paraguas de soberanía. El Congreso no puede estar ajeno a estas declaraciones que deberían ser parte de formales acuerdos y tratados", advirtió Carmona.
El diputado del FPV indicó además que, con el acuerdo alcanzado, el país se posiciona en "una aceptación de la imposición británica de que se remuevan los obstáculos para las actividades hidrocarburíferas, lo cual choca con la legislación vigente en la materia".
Los diputados quieren que se convoque también a las asociaciones de ex combatientes y veteranos de guerra, observatorios universitarios sobre Malvinas, académicos y especialistas para obtener una "amplia perspectiva sobre las consecuencias que puede derivar" del entendimiento.
También, se sumaron al rechazo el ex secretario de Asuntos Relativos a Malvinas y diputado del Parlasur, Daniel Filmus; y el ex ministro de Defensa y actual diputado por el Parlasur, Agustín Rossi.
"Me parece un retroceso en la reivindicación de nuestros derechos soberanos en Malvinas. Hay una legitimación de la usurpación que tiene que ejercer Inglaterra y Gran Bretaña sobre Malvinas", afirmó Rossi en declaraciones radiales.
En tanto, Filmus aseguró que "no puede ser que la canciller Malcorra, que quiere ser secretaria general de las Naciones Unidas, no reclame el cumplimiento de las resoluciones que aprobó ese organismo respecto a las Malvinas" y agregó: "Daría la sensación que estamos entregando nuestros recursos pesqueros, gasíferos y petroleros a cambio de un voto en las Naciones Unidas".
Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata advirtieron que "la política que decide el presidente Mauricio Macri llevar adelante sobre la cuestión Malvinas y ejecutada por su canciller Susana Malcorra se aleja del mandato constitucional que debemos cumplir los argentinos".
El Cecim advirtió además analiza la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia ya que entienden que "Macri y Malcorra están incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con la primera disposición transitoria de la Constitución nacional", ya que la normativa de la Carta Magna destaca el reclamo argentino"legítimo e imprescriptible" de soberanía sobre las islas.
"No cumplir con esta disposición es un delito constitucional, además de fomentar la violación de legislación vigente como la ley 26.659 de hidrocarburos que castiga a las empresas que realicen tareas de exploración y explotación sin el permiso del Estado argentino en la plataforma continental argentina y en torno a Malvinas y la ley 26.386 que establece el régimen federal de pesca", aseguró Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del Cecim.
"Se olvidan de las políticas de Estado que hacen referencia a la cuestión Malvinas desde la reforma de la constitución, leyes vigentes y la declaración de Ushuaia de 2012 que, en forma conjunta los senadores y diputados de la Nación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluido Federico Pinedo del PRO, fijaron políticas en común sobre Malvinas", concluyó.
En tanto, desde Tierra del Fuego, el ex presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, Carlos Latorre, consideró que "cualquier negociación con Gran Bretaña, aunque implique posibles beneficios comerciales para Argentina, debe estar sujeta a la discusión de la soberanía" y dijo que "reanudar vuelos o empezar a recuperar parte de los recursos naturales que son propios, podrían ser buenas noticias, pero encarar ambas medidas dejando de lado el reclamo de soberanía es una deshonra a nuestros compañeros muertos durante la guerra".