(lavoz.com.ar) Por Horacio Serafini. En principio, esta implica no discutir la cuestión de la soberanía sobre las islas. Significa un cambio de la política agresiva que promovió el kirchnerismo durante una década.
Buenos Aires. A 35 años de la Guerra de Malvinas, la Argentina se encuentra otra vez en un lugar conocido: en medio de uno de los habituales giros de los gobiernos sobre un derecho de soberanía.
Prevalecen las interpretaciones políticamente intencionadas, las desacreditaciones cruzadas de las políticas de quien fue oficialismo y hoy es oposición, y viceversa; las definiciones con propósitos encubiertos. Nada conducente, en definitiva, hacia la construcción de una política de Estado.
Así, el Gobierno nacional descalifica la política malvinense de los gobiernos kirchneristas por “agresiva en su tono y su contenido”, particularmente por las intervenciones en foros internacionales de la expresidenta Cristina Fernández. “Todo esto condujo al no diálogo y a una mala relación con Londres”, concluye una alta fuente de la Cancillería consultada por este diario.
Así justifica la política de los últimos dieciséis meses, a la que la oposición, por su parte, define de “desmalvinización y de premeditada pérdida de soberanía y de autonomía de la Argentina”, según el balance que hizo a este diario el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Guillermo Carmona, hoy vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que presidió en la última etapa del kirchnerismo.
La primera decisión del gobierno de Cambiemos sobre Malvinas consistió en pasar a subsecretaría, al frente de la que designó a la diplomática de carrera María Teresa Kralikas, lo que desde 2015 había sido una secretaría, que llegó a ocupar Daniel Filmus.
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La oposición considera que esa “degradación” es sintomática del supuesto lugar secundario que habría pasado a ocupar el asunto en la política exterior macrista, pero desde el Palacio San Martín le quitan toda connotación política: se trató de una “decisión técnica” del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, como parte del plan de reestructuración ministerial.
Sea como sea, el hecho alrededor del cual se desató la mayor controversia por la política malvinense del gobierno de Macri, con fuertes cuestionamientos desde el kirchnerismo, pero incluso desde sectores oficialistas, como radicales y cívicos, fue el comunicado conjunto que firmaron el martes 13 de septiembre pasado el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su contraparte, Alan Duncan.
El tema no se toca
Que la firma aconteciera en lo que fue el primer viaje oficial de Duncan a América latina, a dos meses de haber asumido como vicecanciller, resulta en sí mismo políticamente significativo. Pero lo es más que haya sido la primera declaración conjunta de ambos países desde 1999 y que en esta no se haya tocado el tema de la soberanía (ambos datos remiten a la política de acercamiento y “seducción” de los ’90, primero con Carlos Menem y después con Fernando De la Rúa).
En ese momento, el mismo Duncan, a propósito del comunicado, se encargó de recordar: “Desde ya que el diálogo no incluye la soberanía”. Seis meses después, hizo lo propio el embajador británico Mark Kent ante un auditorio en la Universidad Austral: “No está en la agenda”. Uno y otro insistieron, en cambio, en que “no puede haber diálogo sobre este tema a no ser que los isleños lo quieran”. De este modo, Londres persiste en desentenderse de la cuestión, aun cuando el comunicado estableció acuerdos en otros temas.
Desde la Cancillería argentina, se acepta esta argumentación: “Si no está en la agenda de ellos, tampoco en la nuestra. No está en el diálogo (bilateral) porque ellos no quieren”, dijo aquella alta fuente, que reafirmó que el Gobierno continuará con la búsqueda de apoyos diplomáticos al reclamo de soberanía.
El comunicado de septiembre resultó en el primer avance diplomático formal hacia el abandono de la hostilidad del kirchnerismo, al tiempo que la reapertura de las consultas bilaterales de alto nivel que se habían iniciado en 2002, siempre bajo el “paraguas de soberanía” que se estableció a fines de 1989.
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Prevalecen las interpretaciones políticamente intencionadas, las desacreditaciones cruzadas de las políticas de quien fue oficialismo y hoy es oposición, y viceversa; las definiciones con propósitos encubiertos. Nada conducente, en definitiva, hacia la construcción de una política de Estado.
Así, el Gobierno nacional descalifica la política malvinense de los gobiernos kirchneristas por “agresiva en su tono y su contenido”, particularmente por las intervenciones en foros internacionales de la expresidenta Cristina Fernández. “Todo esto condujo al no diálogo y a una mala relación con Londres”, concluye una alta fuente de la Cancillería consultada por este diario.
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