Dicho comunicado, que culmino siendo un bochornoso “acuerdo”, implicó la consumación de una serie de inobservancias, sino vulneraciones flagrantes, a la Constitución Nacional y diversas Leyes Nacionales vigentes.
Desde Cecim La Plata reiteron el rechazo al mencionado “acuerdo” ya que se ha vulnerado la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que establece que “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
Es inaceptable que en el “acuerdo” llevado adelante por el Gobierno de Mauricio Macri y Theresa May, exprese textualmente que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación, e hidrocarburos”.
El mal denominado “Comunicado Conjunto”, contraría grandes logros de la diplomacia argentina, como por ejemplo la Resolución 2065/65, resultado de la labor del entonces Embajador José María Ruda ante el Subcomité III del Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con Respecto a la Aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
“La política que está desarrollando el gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas denota ineludiblemente un alineamiento para favorecer la iniciativa británica en el Atlántico Sur, un camino ya recorrido durante los años 90 que posibilitó al enclave “Neo-Colonial-Militar”, instalado en nuestras Islas Malvinas, desarrollar cierto potencial de auto sustentabilidad basado en la explotación de los bienes naturales, especialmente en los ictícolas”, aseguraron.
En ese sentido, agregaron que “el “Plan Sistemático de Entrega” (PEN) promueve violar la Constitución Nacional y leyes vigentes que protegen a los argentinos de las explotaciones ilegales de hidrocarburos y pesca, facilitando cada vez más la usurpación. Es necesario consolidar políticas de estado en la cuestión Malvinas y políticas de defensa del patrimonio nacional ya que este cambio de rumbo nos lleva ineludiblemente a beneficiar los intereses británicos”.