La Jueza Federal Mariel Borruto presentaría “un amparo contra la adjudicación de áreas petroleras” a empresas británicas
En el caso que la municipalidad de Río Grande concrete el anuncio a la prensa de la semana pasada de presentar “un amparo contra la adjudicación de áreas petroleras” a empresas británicas, la Jueza Federal Mariel Borruto, inaugurará su cargo teniendo que expedirse sobre la legalidad o no del proceso licitatorio internacional, que el presidente Mauricio Macri puso en marcha en octubre del año pasado para la exploración hidrocarburífera costa afuera y a las cuales este jueves podría adjudicarles 7 áreas. Además, entre el 27 de junio y el 4 de julio, dará apertura a las declaraciones indagatorias a militares argentinos denunciados por torturar a sus propios soldados durante la guerra de 1982. En tanto que en la Secretaría Penal N° 1 del Juzgado Federal a su cargo, yace desde 2015, la causa 5183/15 que el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner inició contra las petroleras inglesas Falklands Oil and Gas Limited (F.O.G.L) y Otras, sobre las que pesa un embargo de 156 millones de dólares; causa cuya acción penal gozó del abandono del gobierno nacional y el desinterés de la gobernadora Rosana Bertone como del diputado Nacional Martín Pérez, miembro del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas de la Cámara de Diputados.
Si en las próximas horas el intendente de Río Grande Gustavo Melella cumple con el anuncio de la semana pasada de presentar “un amparo contra la adjudicación de áreas petroleras a empresas vinculadas a los usurpadores de Malvinas”, en referencia a la licitación internacional que puso en marcha el gobierno del presidente Mauricio Macri a través de la Secretaría de Energía para la exploración petrolera en el litoral Atlántico y en las proximidades del archipiélago malvinero y la isla grande de Tierra del Fuego; el juzgado federal de esa ciudad, entraría en una carrera contra el tiempo para expedirse sobre la legalidad o no de este proceso que tiene entre sus oferentes y preadjudicatarias a tres empresas británicas. Y entre ellas a una que operó dentro del territorio usurpado a la argentina desde 1833.
Pero para que eso suceda, el municipio debería realizar esa presentación de manera urgente, no solo para darle tiempo suficiente al Juzgado para realizar un análisis minucioso de lo que se solicite, sino también porque será necesario que se expida antes del jueves 16, ya que en esa fecha la Secretaría de Energía de la Nación tiene previsto firmar las actas para la adjudicación definitiva de las 18 áreas licitadas, donde 7 de las cuales, serán otorgadas a las empresas británicas Shell, British Petroleum y Tullow Oil. De otra manera, de presentarse posterior a esa fecha, o que el juzgado se expida luego de la adjudicación; esa sentencia sería declamativa, toda vez que en los pliegos licitatorios se estableció que cualquier controversia judicial, no será resuelta en el marco de la Justicia Argentina, sino por una comisión arbitral internacional como el CIADI; el probritánico Centro Internacional de Acuerdos y Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington.
En principio, parece clara la violación a la legislación nacional. La Ley N° 26.659 no solo sanciona a aquellas empresas que realicen exploraciones petroleras en zonas de la plataforma continental argentina sin permiso del gobierno nacional, sino que además prohíbe que aquellas que operan en Malvinas con licencia británica, puedan trabajar en la Argentina. Sin embargo el gobierno del presidente Mauricio admitió que Shell, British Petroleum y Tullow Oil participaran de la licitación y se convirtieran en pre-adjudicatarias de 7 áreas petroleras. Tres de ellas, directamente dentro de la jurisdicción de Tierra del Fuego, frente a las costas del litoral atlántico de la isla Grande, en la Cuenca Malvinas Oeste.
Por otro lado, la Dra Borruto tendrá bajo su responsabilidad, poner en marcha la segunda etapa de la Causa iniciada en el año 2007, en la que se investigan las torturas cometidas por miembros de las fuerzas armadas argentinas en perjuicio de los soldados conscriptos durante la guerra de 1982 contra Gran Bretaña, por la recuperación de las Islas Malvinas; Exp. 1777/07 “Pierre Pedro Valentìn s/ Delito de acción pública”. Donde este 3 de mayo el juez subrogante Federico Calvete estableció fechas, para los días 27, 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio; para que se lleve adelante las primeras 18 indagatorias, de un total inicial de 95 oficiales y suboficiales denunciados.
También en materia hidrocarburífera; en 2015 el Juzgado Federal se declaró competente como consecuencia de la denuncia presentada por la PROCELAC, por lo que abrió la CAUSA N° 5183/15 contra las petroleras de origen británico Falklands Oil and Gas Limited (F.O.G.L) y Otras, por realizar exploración en la plataforma continental argentina, sin autorización del estado nacional y en un sector de disputa soberana.
En junio de 2015 la ex Jueza Federal Lilian Herráez dictó medidas cautelares y ordenó embargos de bienes por un monto de 156.4 millones de dólares, el secuestro de estructuras móviles, plataformas sumergibles y semi-sumergibles, y otros bienes.
La ex magistrada, libró 16 oficios dirigidos a igual número de organismos nacionales; entre ellos ADUANA, PREFECTURA, CANCILLERÍA, REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS PETROLERAS, etc; también solicitó información de los nexos locales de las empresas involucradas y envió 5 exhortos diplomáticos. El cambio abrupto de la política de Estado con relación a la Cuestión Malvinas, congeló la acción penal que tuvo repercusión internacional y que provocó la caída de las acciones de las petroleras denunciadas, por lo que los exhortos nunca fueron enviados por la cancillería macrista.
El miércoles 8 de la semana pasada, luego de 21 años de carrera en el Poder Judicial de la Nación, Mariel Ester Borruto asumió como nueva Jueza Federal de la ciudad de Río Grande, cubriendo la vacante que existía desde agosto de 2016, tras la jubilación de su antecesora Lilian Herráez.
La flamante titular del juzgado federal de Río Grande ocupó la Secretaría, acompañando a la jueza Lilian Herráez hasta su retiro; por lo que conoce las causas que se tramitan sobre la Cuestión Malvinas, ahora bajo su órbita.
Como profesional y docente, se ha destacado por el aporte a dos temas centrales y estratégicos para Tierra del Fuego: el análisis minucioso y explicativo de la Ley de Promoción Económica y Fiscal 19.640 a través de la edición de un libro, y por el excelente trabajo docente mediante el dictado de la cátedra Malvinas en la Universidad Tecnológica Nacional, Unidad Académica Río Grande.