Con la firma del Tratado de Altamar, un voluminoso acuerdo para regular las actividades extractivas en los espacios oceánicos que no se encuentren bajo la zona de exclusión de ningún país, comienza una nueva fiebre del oro que ya tiene en carrera a las principales potencias del siglo XXI.
Superando un largo período de especulaciones, la comunidad internacional finalmente sentó las bases legales que dan luz verde a las corporaciones para remover del lecho marino metales preciosos y otros materiales señalados como “críticos” por el sector industrial. Según los especialistas, se espera que para mediados de 2025 este proceso ya se encuentre en marcha.
Aunque la discusión había sido presentada como un asunto de ética y conservacionismo, los motivos que frenaron esta actividad giraban en torno al conflicto de intereses geopolíticos, económicos, y patrimoniales. El debate fue posteriormente encauzado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o ISA por sus siglas en inglés; un comité autónomo creado en 1994 bajo la órbita de la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de otorgar licencias para la minería submarina y garantizar el respeto hacia las normas ambientales.
Sin embargo, durante treinta años esas normas nunca terminaron de ser definidas por el organismo ya que se alegaba la insuficiencia de datos para establecer un marco legal vinculante. Esto no impidió a la ISA facturar por las licencias extendidas hacia las grandes compañías del rubro, las cuales tomaron una posición preferencial en el mercado antes que su práctica fuera permitida. Pero gracias a la suscripción del Tratado de Altamar, el pasado 19 de junio, la espera estaría llegando a su fin.
En la actualidad ya se han emitido 31 licencias de explotación, principalmente en una franja del pacífico conocida como Zona Clarion-Clipperton (ZCC) que se ubica entre México y Hawai. Para recibir el permiso de la ISA se requiere que los interesados cuenten con el patrocinio de algún estado miembro de esa organización, entre los que no figura Estados Unidos debido a su posición contraria a la CONVEMAR durante la administración de Ronald Reagan. Esto generó que varios países desplazados del tablero internacional pudieran capitalizar su adscripción, legitimando a su vez la potestad de ISA sobre espacios legalmente considerados patrimonio de la humanidad.
Tal es el caso de la República de Nauru, un microestado de Oceanía que se prestó como punta de lanza para la canadiense TMC, empresa que lleva la vanguardia en la carrera por los minerales marinos. Durante los últimos años Nauru elaboró una narrativa que vinculaba el cambio climático con la necesidad de acelerar la transición hacia formas de energía limpia que disminuyeran las emisiones de carbono, ya que el ascenso de los mares perjudicaba drásticamente a su país. Aprovechando un vacío legal presentó medidas de amparo para que su patrocinada TMC pudiera comenzar a explotar los yacimientos submarinos en 2023 bajo el argumento de necesitar esos materiales (níquel, cobalto, aluminio, etc.) en la fabricación de baterías que reemplazarían a los combustibles fósiles.
Presionada por esta posición, ISA convocó a una dilatada reunión de tres semanas en su sede de Jamaica para someter a votación los códigos ambientales que regulen la actividad. Pero debido al fracaso de las negociaciones entre los distintos bloques, la asamblea resolvió una moratoria que suspendió temporalmente la discusión hasta que se adopten medidas acordes a los objetivos declarados en su carta orgánica. Según trascendió al término de la cumbre, el inicio de la minería submarina ya no puede ser postergado y comenzará a operar con plenitud en el futuro cercano.
Cuestiones de fondo
Detrás de este complejo burocrático que incluye a organizaciones privadas y no gubernamentales se despliega una competencia por los recursos estratégicos, en un escenario global cada vez más conflictivo. En primer lugar esto se debe a la alta concentración natural en las reservas de los metales utilizados para la fabricación de baterías de litio, cuya industria definirá el futuro de las potencias occidentales. Habilitar la extracción submarina serviría en este sentido para diversificar la oferta y ampliar el mercado de las compañías mineras, a la vez que les permitiría no tributar cargas impositivas a los gobiernos por tratarse de una actividad desarrollada en espacios internacionales.
La minería oceánica también tiene el atractivo de convertirse en una fuente alternativa de tierras raras, es decir aquellos componentes minerales utilizados entre otras cosas para la industria bélica y la fabricación de explosivos. Las reservas de tierras raras se hallan fuertemente controladas por China, quien lidera su extracción y refinado a nivel mundial, así como lo hace con otros materiales críticos. Finalmente, parte del botín disputado son los llamados recursos genéticos marinos, cuya importancia permanece desconocida en el público general pero que representa un activo invaluable para las grandes potencias y las corporaciones.
La biodiversidad del fondo marino es una fuente de riqueza insustituible para las empresas farmacéuticas y varias industrias bioquímicas, las cuales ya han utilizado estos recursos para desarrollar importantes productos médicos y cosméticos. Al conocer menos del 2% de los ecosistemas oceánicos profundos, el acceso a la información genética podría revelarse como uno de los puntos centrales para la carrera científica en el siglo XXI. Durante las reuniones de ISA quedó en evidencia que los distintos bloques codiciaban estos recursos en igual o mayor medida que los minerales o hidrocarburíferos que pudieran extraerse del lecho, y su repartición equitativa fue una de las claves para el acuerdo.
En este sentido el Tratado de Altamar compromete a quienes desarrollen actividades en aguas internacionales a compartir con la ISA todos datos genéticos que pudieran obtener durante la exploración de los océanos, establece la obligatoriedad en la transferencia de tecnologías para su estudio y marca una participación de regalías económicas para el organismo. A cambio, este organismo autónomo les permitirá explotar bienes comunes que pertenecen a la humanidad.
La situación en Argentina
Si bien durante los últimos años el posible impacto de esta cuestión sobre el mar argentino fue comentado por la opinión pública, poco se habló acerca de la posición indefinida que adoptó el país en los espacios multilaterales de negociación. Mientras que potencias mineras como China, Noruega o Inglaterra presionaron para comenzar cuanto antes la explotación de los océanos, un bloque liderado por naciones latinoamericanas como Brasil, Chile y Ecuador representó a quienes proponían aplazarla hasta contar con más información acerca del impacto ambiental y sus consecuencias.
La legalización de la minería submarina afecta directamente al pueblo argentino debido a la ocupación colonial de su territorio austral y marítimo por parte del Reino Unido, quien respaldado por la coalición militar más importante del mundo, permanece sobre las Islas Malvinas para extender licencias ilegales de pesca, usufructuar la extracción de hidrocarburos, y asegurar su reclamo sobre el continente antártico. Sin el avance de negociaciones diplomáticas a la vista, crece la posibilidad de caer en un nuevo conflicto soberano por la riqueza mineral del fondo marino, que se presenta en abundancia tanto al norte como al sur de la cuenca de Malvinas.
La plataforma marítima nacional ofrece grandes existencias de nódulos polimetálicos, una de las tres formas de concentraciones metalíferas que la industria minera puede aprovechar, junto con los sulfuros y las costras ferromanganesas de los montes submarinos. Y debido a un amplio espectro de factores técnicos y económicos, esta metodología se destaca como la más factible para su explotación inmediata. Tal es así que, de las 31 licencias otorgadas por ISA en todo el mundo, dos terceras partes corresponden a proyectos para la recolección de nódulos polimetálicos.
A pesar de verse afectada directamente, contar con los profesionales científicos para asesorarse y disponer de una misión permanente en la asamblea de ISA, durante el proceso de negociaciones Argentina evitó marcar una posición concreta y se mantuvo neutral entre los bloques que abogaban por habilitar o impedir las actividades de la minería en aguas oceánicas. Una actitud irresponsable e incomprensible, aunque consistente con las últimas demostraciones de ambigüedad hacia sus propios intereses soberanos.
FUENTE:
Página/12
Oceana.org
Boca de Pozo