(perfil.com). Por Fernando Oz. Sus buques pescan calamar en aguas de las islas pero también se abastecen en puertos argentinos. Preocupación en el Gobierno. El control de la explotación ilegal que realizan los buques pesqueros en las costas de las Islas Malvinas es una cuestión de “extrema preocupación” para la Casa Rosada; sin embargo, aún hay empresas del rubro que pescan con bandera británica y que se abastecen en la plataforma continental argentina. Es el caso de la firma española Pescanova, cuya filial criolla es Argenova, propietaria de 18 buques y de plantas industriales en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y en Comodoro Rivadavia, Chubut. La irregular situación fue puesta de manifiesto por El Confidencial, un portal de noticias español. El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus, ya tomó nota de la cuestión.La internacional Pescanova tiene en este momento dos buques faenando en aguas linderas a Malvinas, al mismo tiempo que trabaja en Argentina con una flota compuesta por casi una veintena de barcos pesqueros. Este dato ya está en conocimiento de la Secretaría de Pesca de la Nación.
Extraoficialmente, fuentes de la Cancillería sólo se limitaron a decir que, debido al cambio en la reglamentación de la ley, las empresas españolas están pensando abandonar las islas para no ser sancionadas en nuestro país. Pese a ello, la pesca sigue realizándose con apoyo logístico del continente, según explicaron fuentes del rubro que operan en Puerto Deseado.
PERFIL se comunicó en cinco oportunidades con las oficinas porteñas de Argenova, para realizar la consulta. Martín Irueta, uno de sus voceros, prefirió no responder las preguntas.
Según la publicación, la actividad de la firma española en las aguas de las Islas Malvinas está concentrada básicamente en la pesca del pulpo, lo que representa, en todo caso, un segmento esencial para sus arcas. Pescanova genera casi 16 millones de euros con sus dos barcos factoría de 900 toneladas de capacidad, que emplean cada uno a casi sesenta trabajadores.
“En este caso puntual, la autoridad de aplicación no es la Cancillería sino la Secretaría de Pesca. Está claro que no se puede pescar en las aguas de las Islas Malvinas, pero lo hacen con bandera de países piratas y no pagan impuestos”, le explicó Daniel Filmus a PERFIL. Al mismo tiempo, aseguró que planteó la situación de las empresas españolas durante la última visita del vicecanciller del país ibérico, Jesús García. “En ese sentido, fuimos bien claros: quienes pesquen en aguas argentinas sin autorización, por Malvinas, no pueden operar directa o indirectamente en ninguno de los puertos del territorio argentino”, aseguró el funcionario.
El rol del área que maneja Filmus, una secretaría especial creada a los efectos de seguir de cerca las cuestiones vinculadas a Malvinas, es el de implementar estrategias “para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos respecto de la cuestión Malvinas”, siempre en el marco de la diplomacia internacional.
A fines de marzo de 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Chubut concedió una millonaria subvención para sostener a unos cuarenta trabajadores. La ayuda fue otorgada a por un decreto del PEN.