(shelknamsur.com) Las contradicciones en torno a la cuestión Malvinas hacen suponer que el rédito que pueden obtener, tanto el gobierno provincial encabezado por Fabiana Ríos como el nacional de Cristina Fernández de Kirchner, por montar una fachada de patriotismo isleño, es notoriamente superior al que implica sostener una política de Estado coherente que deje de lado el discurso y dé prioridad a los hechos concretos. Lamentablemente puede parecer que sea esa la visión de la provincia y la nación cuando estamos frente a un caso como el de la pesca ilegal en Malvinas a través de una licencia otorgada por los ocupantes de las islas a la empresa Nissui, titular de Pesantar S.A.
De acuerdo a la denuncia de quien fuera gerente de esta última, Juan Benegas; la empresa, a través de un buque que zarpó de Punta Arenas, habría procedido a la captura de recursos pesqueros entre el 7 y el 9 de noviembre de 2014, mediante una triangulación que incluía a EMDEPES, otra empresa chilena propiedad de Nissui, que habría facilitado la exportación de lo explotado ilegalmente. Estos hechos descriptos como I y II y que motivaron un requerimiento iniciado por la Fiscalía N° 3 este miércoles 14 de enero, implica la citación a declaración testimonial de Benegas, además del pedido de las actuaciones pertinentes efectuadas por la Subsecretaría de Pesca de la Nación y de la Provincia. Sin lugar a dudas que, pese a que el Gobierno de la Provincia mantiene las investigaciones sumariales que determinaron en su momento la suspensión del permiso de pesca a Pesantar S.A, existen indicios que claramente dan aval para que se proceda a la investigación; así como también existen señales de una responsabilidad política en los planos provincial y nacional que indicarían que estamos frente a un accionar negligente.
Sumamente curiosa es la entrada en escena de New San como compradora de las acciones de Pesantar. En el requerimiento que envió la Fiscalía, se menciona la necesidad de investigar “…las conductas ejercidas por parte de los directivos de la firma que conforman el grupo NEW SAN, mediante la maniobra de la transferencia de la empresa, se habría prestado colaboración a el o los autores de los hechos… con el objeto de eludir su correspondiente investigación por parte de la autoridad competente, como así también el ocultamiento, alteración o desaparición de las pruebas…”. Que, a su vez, uno de los principales directivos de la empresa sea el ex ministro de Industria en la primera gestión de Ríos, Fabio Delamata, podría dar otra pista sobre el círculo que conforma una operatoria donde los investigados poseen un vínculo con algunos de quienes ordenaron debidamente la investigación de parte del Estado.
Además de responder por la posible comisión de delitos como el hurto (explotación ilegal sin permiso argentino de recursos del mar argentino) y el contrabando (triangulación mediante una empresa chilena de los recursos explotados indebidamente), el Gobierno nacional y el provincial deberían responder sobre: el presunto encubrimiento agravado con fines de lucro perpetrado por New San (con el ex funcionario Fabio Delamata como posible implicado); y el fracaso evidente de las gestiones de la Argentina en la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) para impedir que buques destinados a la explotación de recursos naturales del mar argentino adyacente a las Islas Malvinas, amarren o tomen contacto alguno con puertos sudamericanos. De no obtener respuestas al respecto, no podremos dejar de aludir, una vez más, al discurso patriótico malvinense y a los hechos concretos que siguen expoliando de las riquezas al mar argentino que dicen defender los funcionarios.
De acuerdo a la denuncia de quien fuera gerente de esta última, Juan Benegas; la empresa, a través de un buque que zarpó de Punta Arenas, habría procedido a la captura de recursos pesqueros entre el 7 y el 9 de noviembre de 2014, mediante una triangulación que incluía a EMDEPES, otra empresa chilena propiedad de Nissui, que habría facilitado la exportación de lo explotado ilegalmente. Estos hechos descriptos como I y II y que motivaron un requerimiento iniciado por la Fiscalía N° 3 este miércoles 14 de enero, implica la citación a declaración testimonial de Benegas, además del pedido de las actuaciones pertinentes efectuadas por la Subsecretaría de Pesca de la Nación y de la Provincia. Sin lugar a dudas que, pese a que el Gobierno de la Provincia mantiene las investigaciones sumariales que determinaron en su momento la suspensión del permiso de pesca a Pesantar S.A, existen indicios que claramente dan aval para que se proceda a la investigación; así como también existen señales de una responsabilidad política en los planos provincial y nacional que indicarían que estamos frente a un accionar negligente.
Sumamente curiosa es la entrada en escena de New San como compradora de las acciones de Pesantar. En el requerimiento que envió la Fiscalía, se menciona la necesidad de investigar “…las conductas ejercidas por parte de los directivos de la firma que conforman el grupo NEW SAN, mediante la maniobra de la transferencia de la empresa, se habría prestado colaboración a el o los autores de los hechos… con el objeto de eludir su correspondiente investigación por parte de la autoridad competente, como así también el ocultamiento, alteración o desaparición de las pruebas…”. Que, a su vez, uno de los principales directivos de la empresa sea el ex ministro de Industria en la primera gestión de Ríos, Fabio Delamata, podría dar otra pista sobre el círculo que conforma una operatoria donde los investigados poseen un vínculo con algunos de quienes ordenaron debidamente la investigación de parte del Estado.
Además de responder por la posible comisión de delitos como el hurto (explotación ilegal sin permiso argentino de recursos del mar argentino) y el contrabando (triangulación mediante una empresa chilena de los recursos explotados indebidamente), el Gobierno nacional y el provincial deberían responder sobre: el presunto encubrimiento agravado con fines de lucro perpetrado por New San (con el ex funcionario Fabio Delamata como posible implicado); y el fracaso evidente de las gestiones de la Argentina en la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR) para impedir que buques destinados a la explotación de recursos naturales del mar argentino adyacente a las Islas Malvinas, amarren o tomen contacto alguno con puertos sudamericanos. De no obtener respuestas al respecto, no podremos dejar de aludir, una vez más, al discurso patriótico malvinense y a los hechos concretos que siguen expoliando de las riquezas al mar argentino que dicen defender los funcionarios.