“Seguimos aportando pruebas para que la CIDH considere el tema”, afirmó a Tiempo el presidente de la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas, Ernesto Alonso. “En la desclasificación aparecieron pruebas irrefutables”, señaló el ex soldado.
El material desclasificado por el gobierno de Cristina Fernández consta de diarios de guerra, informes de inteligencia, fotografías, cables de Cancillería y las denominadas "actas de recepción" que firmaron muchos soldados cuando regresaron al continente. Entre los documentos se destaca el plan de la dictadura para esconder los delitos, que fue firmado por el teniente general Cristino Nicolaides, entonces comandante en jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar. La nueva prueba se enviará a la CIDH digitalizada y compilada en CD, tal como fue entregada a los ex soldados por el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
“Con la nueva presentación pretendemos darle un mayor acervo probatorio a la petición que está en la CIDH desde mayo”, explicó Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM-La Plata, la organización querellante en la causa que fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 de febrero pasado. “Pedimos un tratamiento prioritario, basados en una previsión del reglamento de la comisión que establece ese tipo de conducta cuando el caso pudiera generar nuevas peticiones. Si bien llevamos a la CIDH un solo caso por negación de justicia, hay otros 77 potenciales. De adoptarse el mismo criterio en los Tribunales nacionales vamos a llevarlos a la Comisión”, explicó el letrado a este diario.
“El material desclasificado sirve para demostrar el fondo de la cuestión llevada a análisis y, a la vez, da cuenta de la sistematicidad y generalidad de los casos”, dijo Guerrero Iraola. «