Por: Daniel Enzetti - denzetti@tiempoargentino.com
Javier Pablo Marotte, asesor de Sergio Massa y fundador del "Grupo de los Cien Pensadores Renovadores" –usina que fogonea la candidatura presidencial del tigrense–, fue acusado de estafador por ex conscriptos de distintas provincias, a los que les prometió gestionarles una supuesta pensión vitalicia, a cambio de $ 800 por persona en concepto de "gastos administrativos". Los damnificados, algunos de los cuales detallan la maniobra en esta nota, calculan en miles los engañados en todo el país, a través de una red montada por el abogado que incluye gestores truchos, secretarios que reciben las solicitudes, representantes en el interior encargados de convencer incautos, y hasta un "estudio jurídico" ubicado frente a los mismísimos Tribunales de la Nación. El massista es parte de la mesa chica que elabora proyectos de ley para un eventual gobierno del tigrense y, según distintos testimonios, viene convocando a quienes hicieron el servicio militar nacidos entre 1953 y 1963. Es decir, la instrucción que coincidió con el golpe de Estado, el conflicto limítrofe con Chile por el Beagle, y aquellos que quedaron en el continente durante la guerra de Malvinas.
Marotte se presenta como parte del staff del diputado nacional Alberto Asseff, dueño del monobloque UNIR y también adherente a Massa. Y se jacta de haber conseguido la firma de por lo menos 80 miembros del grupo, lanzado hace poco tiempo en Zárate con la presencia del presidenciable y de Graciela Camaño y la periodista Mirta Tundis, entre otros referentes.
Un rastreo de sus movimientos económicos alcanza para demostrar que es un deudor compulsivo: entre mayo y septiembre de 2013 libró 80 cheques sin fondos que, obviamente, fueron rechazados. Tiempo intentó comunicarse con él al número que figura en la tarjeta que entregaron los damnificados para este informe, pero una grabación aclaró que no pertenece a ningún abonado.
A los ex colimbas les jura que, si hacen bien los deberes, la legislación los ampara. Por ejemplo la 27.008, que determinó la partida presupuestaria 2015, y que reservó $ 1500 millones para ser destinados a pensiones militares. En realidad, el monto corresponde a efectivos en funciones o retirados, pero no a civiles conminados a hacer el entonces SMO durante aquellos años. En el engaño también se invoca la Resolución 8634, un Acta de Poder difundida por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares del Ministerio de Defensa de la Nación. La resolución existe pero la página oficial de la cartera, cuando habla de las actividades reservadas al Instituto, es clara sobre qué universo abarca: "Personal militar en situación de retiro y sus pensionistas", y "Personal militar en situación de retiro y sus pensionistas y el personal militar en actividad". Este diario consultó al Ministerio de Defensa la validez de esos supuestos beneficios. "No existe ningún beneficio previsional acordado por normativa alguna a favor de quienes realizaron el servicio militar entre los años 1974 y 1983. Menos aún se encuentra vigente decreto alguno que otorgue beneficios previsionales en virtud de haber participado de la "lucha contra la subversión", detallaron desde la cartera oficial. Y agregaron que con "respecto a los beneficios previsionales acordados a quienes participaron en la Guerra de Malvinas, los mismos se encuentran previstos en las leyes 23.109 y 23.848. Para acceder a estos beneficios se requiere ser considerado "Veterano de Guerra de Malvinas".
"Esto es indignante"
La técnica de Marotte es burda, pero efectiva. Según los damnificados, bombardea a sus potenciales clientes con leyes y resoluciones que supuestamente avalan el reclamo, y les da la seguridad de que empezarán a cobrar en pocas semanas. Lo hace sin titubear, sabiendo que la persona que tiene enfrente no entiende nada de cuestiones jurídicas. Pero, además, su metodología tiene un fuerte contenido racista. Los testimonios confirman que busca gente del interior, humilde, trabajadores que de verdad necesitan la plata y confían en que la promesa es cierta. Monta convocatorias y reuniones en el Conurbano y en las provincias apoyado en punteros, o directamente hace viajar a los interesados a la Ciudad de Buenos Aires. La primera cita "informativa" es en el primer piso de un bar ubicado en la esquina de Lavalle y Libertad. La segunda, en el 4º piso de Lavalle 1362.
Horacio Verstraeten es abogado. Cumplió con el servicio militar durante la dictadura y fue declarante en causas de lesa humanidad, como la que investiga lo ocurrido en el ex centro clandestino de detención El Vesubio. Intentó más de una vez averiguar cómo se daba el fraude, pero nunca pudo llegar a Marotte. Lo pararon en la puerta cuando vieron que tenía puesto un traje y su tono de entendedor lo vendió. La excusa fue que su caso no entraba en el pedido, por una cuestión de fechas de nacimiento. El miércoles 21 de octubre pasado, a media mañana, este diario se comunicó con él. El llamado justo coincidió con el momento en que Verstraeten estaba en la puerta del estudio jurídico de Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, tratando de hablar con algún damnificado. "Manden un fotógrafo urgente –se desesperó–, esto es una barbaridad, indignante. Trajeron colimbas en sillas de ruedas, los hacen esperar abajo del sol para atenderlos en el cuarto piso." Y agregó: "Vienen de a grupos, los traen de diferentes lugares. Algunos pusieron 600 pesos, y otros, 900. Me llama la atención el bajo estrato social. Son gente laburante."
"Simulan certificar firmas para gestionarles una pensión –sostuvo– y les piden tonterías: una boleta de luz paga, fotocopia del DNI. En el bar, para alcanzar a llenar el primer papel del trámite tenés que pasar antes tres filtros. Es un engaño a gran escala, hablan de decretos y les prometen cobrar rápido. Evidentemente, quieren mostrar una pantalla 'legal', y la mejor manera de hacer eso es citar a los interesados en la zona céntrica. La plata la sacan en forma escalonada. Y encima, no entregan recibo de nada." Para Verstraeten, "sin una cobertura política es imposible hacer esto. Es una zona llena de canas y, sin embargo, siguen con todo. Pero, además, aclaro algo importante: antes de hacerle un juicio al Estado, vos tenés que agotar la vía administrativa. Si eso se deniega, recién ahí podés presentarte en la justicia contencioso administrativa federal, para pedir una pensión o lo que fuere. Por otro lado, esa instancia administrativa no genera costas, no es obligación pagar por hacerla. Pero acá corren a la gente con supuestos 'gastos' que no existen."
En complicidad o por querer colaborar en la posibilidad de que sus compañeros cobren algo algún día, son varios los que aparecen en las redes difundiendo la gestión, y agitando para que la gente se anote en masa. "Convocamos a todos los ex soldados de las clases 1953 a 1963 –subió Daniel Belizán recientemente–, a fin de organizarnos para la próxima visita del Dr. Javier Pablo Marotte, que estará en nuestra ciudad (Campana) el fin de semana venidero."
En Crespo, localidad de Entre Ríos, los que lo hacen son Gerardo Delgado y Mario Gertner. En declaraciones a un canal de la provincia explicaron: "Pusimos una oficina acá para atender a la gente", donde "una chica les va a dar un papel para iniciar el trámite". En pantalla muestran el Acta Poder de Defensa.
"Es un estafador"
Marcelo Strevezza es de Zárate, clase '61. Se cruzó con el massista por lo menos ocho veces, pero dejó de ir a las reuniones cuando se convenció de que todo era mentira. "A amigos míos les sacó 600 pesos –recuerda–, se juntaban todos los lunes en Uruguay y Urquiza, en Campana. Estaba lleno, desde Rojas vinieron como 20." Y cuenta cómo vio a Marotte por primera vez: "Ese día lo conozco al abogado. Decía que trabajaba para Massa, y después, para el Ministerio del Interior. Prometían una obra social y resarcimiento económico. He visto gente que la ha pagado hasta 1000 pesos delante de mío." Y agrega: "Una vez me dijo 'Vas a cobrar el 3 de junio', después nos enteramos de que no era cobro. En Capital se reunía en un bar céntrico. Ojalá me equivoque y los compañeros cobren, porque muchos se están muriendo. Pero hacé esta cuenta: ese día en el bar juntó a 80 tipos, los dividió en cuatro grupos de 20, y los llevó hasta un escribano. Pagaban 300 pesos cada uno, no les dan nada. Cuando vos le pagabas en Campana, compraban un talonario Húsares y les daba eso. Hasta que yo dejé de ir a las reuniones en Campana, hace dos meses. Citó a la gente hasta en cinco lugares diferentes. Mínimo 600 pesos le sacó a cada uno. Era tremendo la gente que venía. Había gauchos de Entre Ríos que se cargaban entre ellos, se decían: 'Lo único que falta es que dejemos el caballo afuera.'"
Enrique Juárez es tucumano, clase 63. Relató al programa radial La Voz de los Colimbas, conducido por Ricardo Righi y Gustavo Capra en AM 1010 Onda Latina, que lo extrañó que "este abogado atendiera en un bar". Y agregó a Tiempo: "Nos dijo que había una resolución, pero eso no es para los colimbas, sino para los militares retirados. Nos dijo que por medio de esa resolución íbamos a cobrar. En nuestra asociación, llamada Brigadier Juan Manuel de Rosas, somos casi 350 personas. En Buenos Aires no quisieron aceptar mi denuncia por tener domicilio en Tucumán, entonces la hice en la fiscalía 1ª de la localidad de Monteros."
Alguien que presentan como el gestor de Marotte también convoca abiertamente. En declaraciones a Canal 6 de Entre Ríos, Hugo Brunner practicó sincericidio: "Lo conozco al doctor desde marzo, y yo tengo fe. Aparte de los 83 que firmaron (en esa provincia) ya hice firmar a 130 en Buenos Aires, Campana y Zárate, también con el doctor."
Se trata de la nota en la que el mismo Marotte explica su trabajo: "Hoy firmaron cerca de 90 personas. Las expectativas están centradas en que vamos a tener éxito en el reclamo. Estamos tranquilos porque el presupuesto nacional 2015, Ley 27.008, dejó una previsión de $ 1500 millones para el otorgamiento de pensiones militares, dentro de las que podemos incluir a las de los muchachos que fueron movilizados en el Canal de Beagle, a los que intervinieron en la primera etapa de la dictadura militar, y a los que estuvieron convocados durante el conflicto de Malvinas. Ahora es el ministro de Defensa de la Nación el que tiene que firmar las resoluciones correspondientes para liquidar el beneficio." Y finaliza: "Pedimos la pensión de cabo más los suplementos denominados 'regas'. La cuenta sería $ 3600 multiplicado por tres." «
Una "cueva" de conservadores y fanáticos
El Centro de Investigaciones y Estudio para la Nación, Grupo de los CIEN, se presenta como el renovador de la política. Uno de sus mentores es el diputado nacionalista Alberto Assef, que está a punto de cumplir 70 años, amigo del general nacionalista Juan Guglialmelli. Fue el que dijo que el país "está lleno de paraguayos y bolivianos que son muy buena gente", pero que "esos habitantes deben integrarse y ser trabajadores". Y también que nunca estuvo a favor de "admitir así nomás a los tours hospitalarios, es decir los viajes que se organizan sólo para utilizar los hospitales de Buenos Aires o de Córdoba".
Sergio Massa está encantado con los CIEN, y con su plantel de sangre nueva. Por ejemplo el abogado linchador Carlos Maslatón, o Jorge "Topadora" Domínguez, el funcionario menemista que quiso borrar del mapa a la Villa 31. Se pavonea con el aire intelectual que le aporta el ex diplomático Juan Archivaldo Lanas, cuadro del partido dirigido por Gerónimo "Momo" Venegas, otro nuevo y con futuro. "En el Grupo tengo una participación importante -se jactó Javier Marotte en un programa radial del Conurbano Bonaerense-, porque más allá de la gente que se sumó desde un principio, de los 120 que somos hoy, 70 u 80 personas las he convocado de mis amistades y conocidos de la universidad y de la vida".
"La instrucción de Massa -finalizó- fue que no queremos una plataforma política que sea un enunciado de buenas intenciones. Vamos a llegar al 10 de diciembre con los proyectos de ley elaborados, para que tomen estado parlamentario el 11 de diciembre".