El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y autoridades argentinas legítimamente establecidas, reemplazándolas por súbditos británicos. Desde los primeros momentos como nación independiente, Argentina ejerció soberanía sobre los archipiélagos y espacios marítimos, como heredera de las posesiones españolas en América del Sur. Según la Cancillería argentina, la acción británica constituyó "un acto de fuerza en tiempos de paz, contrario al derecho internacional y nunca consentido por el Gobierno argentino, que de inmediato presentó sus protestas".
A 192 años de la ocupación, la Cancillería reafirmó "los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En un comunicado oficial, destacó que "la Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".
La "Cuestión de las Islas Malvinas", definida como "una situación colonial especial y particular" por el Comité Especial de Descolonización de la ONU, es objeto de la resolución 2065, adoptada hace 60 años. Dicha resolución establece que la descolonización de las Malvinas debe resolverse mediante negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Según el comunicado, "numerosos foros internacionales y regionales, como la OEA, el MERCOSUR, el Grupo de los 77 y China, y la CELAC, se han pronunciado a favor de los derechos de soberanía argentinos y de la reanudación de las negociaciones".